El título primero de la C.E.: de los derechos y deberes fundamentales.

 En las entradas anteriores, he quedado claro que yo, ciudadano poco exigente, me conformaría con una constitución que terminara en su actual título preliminar. Un poco modificado, eso sí. Hay algunas precisiones que le faltan, y algunas otras que le sobran, como ya he aclarado. El resto, de la constitución actual, es decir los 10 títulos que siguen al preliminar, yo los sacaría fuera de la constitución, como leyes orgánicas básicas, pero no como parte de la ley constituyente del Estado. No obstante, en este blog de reflexiones sobre una reforma constitucional, no voy a dejar de entrar también en el análisis somero de cada uno de estos títulos actuales, porque, aun considerando que no deben estar dentro de la constitución, sí que considero que se trata de asuntos orgánicos de primer orden. Como tales, deben ser tratados legalmente, de forma prioritaria, como elementos imprescindibles, que son, del orden social. Pero no con la inmutabilidad que una constitución debe garantizar a los elementos puramente estructurales de esa sociedad. Por eso quiero reflexionar aquí sobre esas diferencias que es posible encontrar.

Así que hoy empezaré con el Título Primero, que se divide en cinco capítulos y 45 artículos, bajo el encabezamiento de Derechos y deberes fundamentales.

Hay que empezar diciendo que la mayor parte del texto es bastante emotiva. Da gusto leer muchos de los artículos, como el nº 10, por citar alguno, dedicado a la determinación de los derechos humanos en que se fundamenta el orden político y la paz social. O el número 14 dedicado al derecho de igualdad. Y muchos otros que no voy a copiar aquí, aunque sí voy a dejar un vínculo, para que quien quiera pueda disfrutar de un buen rato repasando el título entero: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#t1

Como inconveniente, a toda esta larga lista de buenas intenciones, tengo que reconocer que nada que merezca la pena puede conseguirse de una forma tan fácil, ni todo de golpe. Para mí la constitución es un pacto de lucha en común para conseguir logros comunes. Un pacto para empezar a construir, no desde cero, sino desde donde estábamos en aquel momento hacia adelante. El pasado no desaparece, ni sus frutos tampoco. La lucha del nuevo Estado comienza en el momento siguiente a la firma de la constitución. Y cada logro será objeto de lucha. Los logros no llegan solos, como un maná que brota de improviso por efecto de magia. Hay que crear un país nuevo, pero poco a poco, luchando en cada paso, entre todos, nadie nos va a regalar nada. Esos logros no se quedan sólo en el reconocimiento de unos derechos, en sólo invocarlos, sino en su consolidación por medio de leyes que establezcan unos controles, unas obligaciones, unas valoraciones, una necesidad de financiación. Es fácil escribir que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La muñeca del escribano da mucho juego. Lo difícil es cumplirlo luego. ¿Es factible que el disfrute de una vivienda digna y adecuada sea un derecho social garantizado por el Estado?¿O es un derecho que cada uno deberá garantizarse a sí mismo?¿Tiene recursos suficientes el Estado para garantizar ese derecho? ¿No hubiera sido suficiente con garantizar y cumplir que no se iba a consentir la menor especulación en el mercado de la vivienda? Aunque realmente también dijeron eso en el artículo 47, que iban a impedir la especulación del suelo. Menos mal que lo dijeron, que, si no, no sé hasta dónde hubiera llegado la famosa burbuja inmobiliaria de estos años pasados. Realmente hay que reconocer que hechas de esa forma: sin explicar ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, hasta las promesas más valiosas pierden todo su valor. Y si se pone en duda la autenticidad de las promesas, la imprescindible confianza de los socios puede desaparecer y con ella la viabilidad de todo el proyecto.

En el momento de aprobar la constitución, todas las leyes anteriores que garantizaban y regulaban los distintos derechos que disfrutábamos entonces, seguían vigentes, hasta que, poco a poco, se fueran cambiando por nuevas leyes democráticas, aprobadas por el pueblo, y, es de suponer, que mejores que las anteriores. Pero la nueva constitución no nace en un vacío de derechos y deberes que obligue de forma inmediata a hacer una lista exhaustiva como la que rápidamente los padres de la patria, con muy buenas intenciones, se apresuraron a incluir en este título primero de la constitución en 1978.

De hecho, después se han redactado leyes que han ampliado nuevos derechos no contemplados en este título. Quiere decirse, que más que nombrar una larga lista de derechos, de los que en su mayor parte ya gozábamos o estábamos mentalizados de que los íbamos a conseguir, quizás hubiera sido más útil haberse concentrado en garantizar los nuevos derechos básicos que se incluyen en el título preliminar y haber apostado a muerte para que, de ninguna forma, llegaran a convertirse en tan sólo palabras. El principal derecho que garantiza una constitución democrática es el derecho de participación. Ese derecho a que los ciudadanos aprobemos nuestras leyes, después de haber sido informados adecuadamente de su contenido. Ese derecho de participación es la garantía principal de que cada paso que demos como pueblo será hacia adelante, porque realmente se habrá dado con el apoyo real de la mayoría de la población. Eso no ha pasado con las muchas leyes, que se han aprobado en estos años por una mayoría de diputados que a los cuatro años ha cambiado de signo y, automáticamente, de opinión. Muchas de ellas las han vuelto a cambiar las nuevas mayorías antes de que el pueblo llegara siquiera a conocerlas. Por eso no avanzamos de forma continuada. Nuestras leyes desgraciadamente no tienen la fuerza y el arraigo que les daría el haber sido aprobadas directamente por el propio pueblo una vez bien informado. Igualmente hemos tenido también que aguantar 4 años completos, de mala gana, a malos gobernantes que han demostrado ya en el primer año de su mandato que ni sabían gestionar, ni tampoco administrar, pero el pueblo soberano los teníamos que aguantar nos gustasen o no. No, no se ha buscado tampoco la participación ciudadana para controlar a los gobernantes. Se puede decir que hemos tenido muchas clases de derechos, más o menos nuevos, más o menos garantizados por este titulo primero de la constitución, pero el más nuevo de nuestros derechos, el derecho de participación, se ha quedado en una cosa, digamos que simbólica.

Y ya puestos a ponerle pegas a la lista, hay que echar en falta unos pocos de no derechos. Para regular la convivencia de un pueblo no sólo hace falta una lista de derechos y deberes. También hace falta relacionar a qué cosas no tenemos derecho por muy democráticos que seamos, o precisamente por eso. Por ejemplo: a especular con los bienes de necesidad, a explotar a los semejantes con condiciones leoninas de trabajo, a molestar a los vecinos con ruidos y desorden, a maltratar a los indefensos, a contaminar el medio ambiente, a destrozar los bienes públicos y privados a nuestro servicio, a arrojar basura en las vías y espacios públicos, a colocar a los parientes en los puestos públicos, a quedarnos con el 3%, a colarnos por la puerta de las autoridades por delante de los demás ciudadanos en cualquier sitio...... Esa falta de importancia dada a este tema de los no derechos en comparación con la dada a los derechos, que, como es lógico, son ignorados también en su observancia por población, jueces y policía, ha venido provocando, y así seguirá, no pocos y no pequeños malestares en la convivencia diaria en pueblos y ciudades de todo el país.

Donde los derechos, los deberes y los no derechos de un pueblo deben encontrarse detallados y regulados, es en cada una de sus leyes, de una forma específica. No obstante, no pasa nada porque exista una ley compendio, o índice, que los incluya a todos ellos de forma sucinta y orientativa. Esa ley, lógicamente, no podría estar contenida dentro de la constitución, por la necesidad evidente de tener que ir reformándola continuamente, según el pueblo español fuera añadiendo logros sociales, en forma de leyes, a lo largo de su ruta. Pero sí, también, sin problema, podría existir, fuera de la carta magna, una ley compendio, orientativa, ordenada, de todos los derechos, deberes y no derechos garantizados legalmente en nuestro país. Una ley en la se pudiera leer, por ejemplo: “Artículo 35. El derecho al trabajo de los españoles está regulado por la ley 3 de 2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.” Sería menos emotivo que el actual artículo 35 de la Constitución, que oficialmente, ¿garantiza?, ese derecho de forma ¿inmutable?, desde 1978, aunque, desde luego, mucho más realista. Eso sí, para ser más exactos, habría que añadir que esa ley no habría sido aprobada por el pueblo español, sino por sus señorías, los diputados del PP de aquella legislatura.

En síntesis, muy bonito, este título primero, pero fuera de la constitución, completo. La constitución no necesita adornos, ni faroles. Es peligroso tirarse faroles en asuntos tan importantes.

Cantemos un himno al pueblo español

A los españoles nos hace falta una nueva identificación con el nombre de España. Una imagen que nos asocie inmediatamente esta palabra, no con el mapa de la península ibérica, ni con un ejército de autoridades uniformadas y firmes, sino con nosotros mismos, con las personas que nos encontramos cada día por la calle, con nuestros hijos, nuestros padres, los sanitarios que nos atienden en las UVI de los hospitales, los docentes que nos ayudan a formar a nuestros nietos, la muchacha que nos despacha el pan de cada día, o el mecánico o el guardia civil que nos rescata en medio de la autopista con nuestro coche averiado. En fin, una imagen que nos recuerde que España no es un trozo de papel dibujado de forma caprichosa y autoritaria, sino una comunidad de gente viva como nosotros, próxima a nosotros desde siempre; Que España somos nosotros mismos, nuestro propio presente, el futuro de nuestros hijos, el pasado de nuestros abuelos; Que España es el conjunto de sus leyes votadas, después de bien comprendidas, por todos nosotros, no por unos diputados trajeados y distantes que se han puesto de acuerdo en sus votaciones, porque les convenía a todos ellos, sin pensar en nosotros, sin preguntarnos y, por supuesto, sin escucharnos. Esa identificación hará posible el nacimiento de un sentimiento de cariño con el nombre de España en cada uno de los ciudadanos que asociemos la idea de esa forma. Y ese sentimiento de cariño es imprescindible para mantener vivo el espíritu de la colmena del Estado. Ese sentimiento de cariño que nos une, cuando falta, es suplantado de forma natural por otro sentimiento de desconfianza que termina convirtiéndose en una pura repulsión que nos centrifuga a unos de los otros con los efectos de una gran explosión.

La constitución debe reformarse urgentemente. Necesitamos una nueva constitución que busque y muestre en primer plano esa identificación entre pueblo y estado como principio y fin de ese documento. Una constitución que consagre por escrito la unión indisoluble de un pueblo que se compromete a afrontar el futuro unidos, con esperanza, confiados, ilusionados y seguros ante un viaje feliz y sin retorno.

Ese documento debe ser claro, conciso y conocido por todos los ciudadanos, que a su vez saben que todos sus convecinos lo conocen por igual. Y lo respetan. Y confían en que, gracias a ese compromiso sagrado, todas sus actividades sociales e individuales serán legales, honradas, benéficas, seguras y pacificas.

Es conveniente incluso ponerle música, para cantar todos juntos lo esencial de esa constitución en las ocasiones solemnes.

Los españoles tenemos hoy una constitución notarial dedicada no al pueblo español, sino a sus instituciones, que ni conocemos, ni nos emociona ni nos une. Como tampoco tenemos un himno dedicado al pueblo español. Tenemos una marcha real, con música militar, y que además, no podemos cantar porque no tiene letra. Y no lo cantamos todos juntos cuando toca hacerlo, ni nos emocionamos con él, pero sí nos encrespamos cuando alguien a nuestro lado se burla de él y de nuestros sentimientos patrióticos tan mal amparados.

Estos políticos nuestros, tan numerosos, tan importantes y que tan buenos sueldos cobran, ya hace años que se debían haber dado cuenta de que necesitamos una nueva constitución y un nuevo himno. Podrían haber escrito la constitución ellos mismos, porque era muy fácil, sólo había que fijarse un poco en la actual, y recortarla, que eso se les da bien, de lo mucho que tiene de más y añadir algunas lineas más, muy poca cosa, para darle la fuerza que le falta. El himno lo podrían haber encargado a un buen compositor español con reconocida empatía con el pueblo, que seguro que hay bastantes que lo habrían hecho perfecto. Pero en estos 37 años a nuestros políticos no se les ha ocurrido hacer ni una cosa ni otra. No han tenido tiempo. Y yo, que soy un jubilado, aburrido y sólo en casa, me he atrevido a abordar en este blog esa reforma de la constitución en un mes. Y no se iba a quedar ahí la cosa. No soy poeta, ni músico, y tengo mal las cuerdas vocales, pero sé que lo importante es hacer las cosas con fe y con cariño, de modo que esta constitución que yo propongo en este blog no se va a quedar sin himno. Sé que carece de mérito artístico, pero también sé que está compuesto con sentimiento y con el solo deseo de buscar y penetrar en el corazón de la verdad; de modo que no me avergüenzo de publicarlo con mi propia voz esquilmada de tonos por el mal trato que le he dado con tantos años de tabaco e ignorancia. Pero no quiero que a mi reforma le falte su himno al pueblo español, a quien va dedicado. Y quiero demostrar, también, que no es que yo sea muy capaz, que yo sé que soy una persona normal y mayor, sino que tenemos unos políticos que pueden muy poco, entre todos los que viven de la política, en 35 años, pueden menos que un jubilado en un mes, y eso no lo podemos seguir aguantando. Aquí va la letra:

Himno al pueblo español:

Con todo respeto

Cantemos un himno al pueblo español

España es sus gentes. Celebrémoslo.

Formemos un coro de gentes sencillas llamando a la unión,

Y al entendimiento y a la comprensión,

Que una sola lengua habla el corazón.

Defendamos todos

Ese patrimonio generacional

Que hay que agradecer, y hay que respetar

Elevad las voces

Mirando al futuro

Bajo una bandera

Que a todos congrega

Entorno a valores constitucionales

con honda raíz en nobles ideales

Desterremos ya las viejas ideas,

Caducas doctrinas de izquierda y derecha,

Que sólo crearon humanas barreras,

Los nacionalismos, los separatismos

Las desconfianzas en nosotros mismos

Desterremoslos, desterremoslos

Seamos un pueblo participativo

Que vote sus leyes y a sus gobernantes

De forma directa, sin representantes,

Y sean respetados

Conceptos sagrados:

Una democracia directa y real,

Libertad, justicia, solidaridad

Cultura, trabajo, bienestar social

Que sean los pilares en los que apoyar

La sólida nave de nuestro destino

Rumbo a un mundo nuevo

Más justo y feliz

Con todo respeto,

España es sus leyes, España es sus gentes

Con todo respeto:

españoles, nuestra, España, es.

Y ahora la música con la cuerda vocal que me queda, a capela:

El espíritu de la colmena

El Título preliminar......, o ¿Qué hubiera sido la Constitución Española si sus redactores nos hubieran procurado libertad para crecer, en lugar de quedarnos prisioneros y amordazados con aquella puñetera manía de dejarlo todo atado y bien atado?

¿Qué es España? El artículo 1 de este título preliminar lo dice bien claro:

“1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. “

O sea, que España no es un territorio, ni la constitución es su escritura de propiedad. La constitución es un documento dirigido a los socios que constituyen ese Estado Social: los 40 millones de ciudadanos que nos llamamos españoles. La base fundamental de un estado es el pueblo que lo forma. Sin pueblo, no hay estado, ni hacen falta leyes, ni territorio, ni instituciones. Todos estos elementos: territorios, instituciones, leyes, son complementarios al concepto de estado y surgen de él o forman parte de él de forma consecuente o complementaria. El territorio es un dominio del estado, las leyes y las instituciones son elementos creados por el estado para valerse de ellos. Pero una cosa es clara desde el punto de vista de la constitución, desde el punto de vista de la historia de nuestra propia vida y desde el punto de vista de la historia de las vidas de nuestros antepasados remontándonos a cientos de años atrás, con pequeñas lagunas desastrosas intermedias que no pueden considerarse nada más que como simples anécdotas con moraleja esperpéntica incluida: hay un sólo estado español, no 17 estados federados. Hay un solo pueblo español que forma un único estado, no 17 pueblos que formen 17 estados asociados en uno. El Estado español los formamos, hoy, más o menos, 40 millones de españoles, inscritos todos ellos en un registro civil español y común. Tenemos también en común un gran patrimonio generacional formado a través de siglos, por los esfuerzos, por las privaciones, por las alegrías, por los aciertos y los errores de las vidas de incontables millones de muertos, incontables millones de españoles antepasados de los actuales. Eso es un Estado: un pueblo único y unido que tienen en común un valioso, complejo e inseparable patrimonio, que nos ha sido legado de forma solidaria por millones de antepasados comunes muertos. Y nos lo han legado en usufructo, íntegro, como nosotros lo debemos legar a nuestros sucesores de forma automática. Ese patrimonio es un conjunto de valores de todo tipo que distinguen al hombre actual del hombre del pasado, a la mujer , al niño, al anciano, a la sociedad, a las empresas, a los servicios, a las ciudades, a los pueblos, a las viviendas de la actualidad de sus homólogos del pasado. Tan sólo hay que hacer un viaje de unos cientos de kilómetros al sur de nuestra frontera para poder comprobar en vivo la riqueza, complejidad y uniformidad de ese patrimonio generacional que poseemos y en el que ni siquiera reparamos. No es posible andar cuestionando de forma improvisada el reparto de un patrimonio tan complejo, con raíces tan profundas, con tantos antecesores enterrados entre esas raíces y con tal cantidad millonaria de sujetos vivos interesados en ese patrimonio, todos ellos con una parte alícuota en su propiedad. No es aceptable que ahora, de bote pronto, sin base jurídica, sin base racional que evalúe ese patrimonio de forma justa, se entre a realizar un reparto de sus bienes sin más criterio que un certificado de empadronamiento en el lugar. Nadie en su sano juicio puede estar dispuesto a apostar tanto en una jugada tan arriesgada, propuesta por un pequeño grupo de fanáticos, con tan poca solvencia y tanta prepotencia. Parece de broma. ¿Quién es capaz de atribuirse tanto poder sin caer en la cuenta de su insignificancia ante tanto pasado, ante tanta riqueza, ante algo tan delicado que afecta de forma tan decisiva a las vidas presentes y futuras de tal cantidad de sujetos coopartícipes a los que se pretende despreciar y dejar fuera de tal decisión? Hay que ser muy atrevido e ignorante por parte de quien se lo piensa, y hay que ser muy cobardes por parte de quienes son despreciados y despojados de lo que es suyo por alguien que no cuenta ni con derecho ni con fuerza para hacerlo.

Pero volviendo al título preliminar, fijémonos en qué cosas dice, qué cosas debería decir y las calla, y qué otras cosas escribe en el nombre del pueblo incurriendo en un auténtico abuso de confianza.

La constitución sí dice que:

España es un estado, un pueblo, un solo pueblo: el pueblo español.

Y que es un estado social, esto es, que sus objetivos son los de brindar y gestionar servicios sociales al conjunto de ciudadanos asociados a ese estado: sanidad, educación, seguridad, justicia, etc.

Y que se trata de un estado democrático, lo que quiere decir que las decisiones en los asuntos públicos son competencia del pueblo. El pueblo deberá tomar esas decisiones de forma más o menos directa, por medio de sus representantes. Sí, hemos de reconocer que nuestra democracia es la menos directa que podríamos considerar. Nuestra participación democrática se centra en votar cada cuatro años un conjunto de listas, formadas por nombres de los que desconocemos la mayoría, y los que conocemos, en general, son bastante poco respetados. La información que se nos transmite de su gestión por nuestros representantes es mala y poca. Nuestros representantes no nos rinden cuentas, ni se reúnen con nosotros de forma periódica, y si de algo nos enteramos es por la prensa, y todo lo conocido suele ser escandaloso. Nuestros administradores, de forma general también, nos han desfalcado las cuentas de todas nuestras instituciones, y cuando nos hemos enterado ha sido ya en el peligroso momento de la quiebra. Hay que estar muy ciego para no ver que este sistema de democracia representativa ha funcionado mal con distintos partidos, con distintas personas, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Y no podemos echar la culpa de ese fallo a la democracia. No ha fallado la democracia, nos han fallado los representantes. Nos han fallado los políticos, y nos han fallado por falta del control de los ciudadanos que hemos actuado con absentismo total delegando también el control de los políticos en los propios políticos a los que hemos entregado nuestra administración, nuestra legislación y nuestra justicia. Nos fabricaron una democracia muy cómoda, a la antigua usanza, en la que los ciudadanos no participasen en nada, y claro, eso no es una democracia. La democracia es tanto más democracia cuánto más participativa sea. En el pasado la participación ciudadana era algo complicado con los sistemas de comunicación e información existentes, pero hoy eso ha cambiado. Hoy tenemos medios de comunicación y medios de información que posibilitan diseñar una democracia más participativa e inteligente. No se trata de que los ciudadanos sustituyan a los políticos. No. Necesitamos políticos que cumplan sus funciones ejecutivas y legislativas. Necesitamos políticos. Pero necesitamos buenos políticos, no esto que tenemos. No necesitamos falsos y malos políticos como los actuales, que sólo sirven para hacer trampas protegidos por un sistema democrático opaco que los protege para que incumplan con sus funciones y corrompan todo lo que tocan. Pero los ciudadanos no podemos gobernar ni escribir las leyes, sino sólo controlar. Los ciudadanos sólo tenemos que hacernos presentes para recibir las debidas cuentas de los actos de los políticos de forma frecuente, periódica y puntual: todos los meses. Los ciudadanos debemos poder evaluar a los políticos en base a sus acciones de forma periódica, frecuente y puntual: cada seis meses. Las evaluaciones de los ciudadanos tienen que alcanzar tanto a la sanción de las leyes presentadas por los diputados, como a las cuentas de gestión rendidas por los gobernantes, de forma que las leyes sean aprobadas o rechazadas por el pueblo y que los gobernantes sean nombrados y cesados por el pueblo, no por estos falsos representantes actuales que no han hecho otra cosa en todos estos años que despreciar al pueblo y engañarnos miles de veces. El pueblo debe turnarse en su función evaluadora. No es necesario que todos estemos pendientes de votar cada seis meses, ni que tengan que hacerlo siempre los mismos. Podemos turnarnos, como lo haríamos para cumplir funciones de vigilancia en nuestro barrio. No hace falta un referendum para aprobar una ley, o para evaluar la gestión de seis meses de un alcalde. Hay submultiplos del referendum, que no es sino una unidad de medida de la opinión pública, como lo es el metro de la longitud. Un milireferendum a nivel de circunscripción nacional, vendría determinado por todos aquellos ciudadanos con derecho a voto cuyas tres últimas cifras del dni fueran coincidentes una tupla de tres cifras obtenida al azar. Con esa fórmula, cada opinión del pueblo vendría extraída de un censo de unos 40.000 ciudadanos cambiantes en cada ocasión, con lo que harían falta que se realizasen mil votaciones para que un ciudadano tuviera que repetir. Suponiendo que en un año se realizasen, pongamos que 10 votaciones a nivel nacional, harían falta que transcurriesen 100 años para que un mismo ciudadano tuviese que participar dos veces a este nivel. Lo que permite concluir que el esfuerzo participativo no es que sea exagerado, sino muy llevadero si lo compartimos entre todos. Pero en síntesis, lo que la constitución dice es que España es un Estado democrático. Eso es indiscutible. Dentro de eso cabe ser más directamente democrático, o menos directamente democrático, como somos ahora. Yo creo que merece la pena que ese gradiente de democracia sea cuanto más directo mejor, pero en cualquier caso yo entiendo que en este asunto merece la pena pensar y ensayar algo que mejore el sistema, y en mi opinión ese ensayo debe dirigir a hacerlo más democrático, no menos.

Dice también la constitución que España es un Estado de Derecho. Esto es, la soberanía para aprobar las leyes reside en el pueblo, actualmente por medio de sus representantes (los diputados las redactan indirectamente por el pueblo, y se las presentan al pueblo, indirectamente representado también, de forma unipersonal en este caso, por el jefe del estado, para su sanción). El pueblo puede sancionar leyes nuevas, y derogar o cambiar las antiguas, pero las leyes aprobadas, mientras no sean cambiadas o derogadas por el procedimiento normalizado y sancionadas por el pueblo, deben cumplirse por todos. Y las nuevas leyes no pueden tener un carácter retroactivo. Eso es un Estado de Derecho: un estado en el que la ley está por encima de todo y de todos. Y por eso, entre otras cosas, el parlamento catalán no puede declarar la independencia mientras esté vigente una constitución que votaron los españoles de toda España en el año 1978, que son los mismos que actualmente podrían cambiar esta constitución y cualquier otra ley.

Dice, como es natural tratándose de una democracia, que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

Dice en su artículo 2 que la constitución se basa en la indisolubilidad de la nación española.

Habla también la constitución en su artículo 3 de la lengua oficial del Estado: el español. Y en su artículo 4 de la bandera: La roja y gualda que todos conocemos. Y los consagra como dos símbolos del Estado.

Básicamente con estos cuatro artículos ya ha dicho las cosas más importante. Redundar en ellas, como lo hace en el artículo 9, no era necesario. Ya ha dicho que España es UN ESTADO, que es SOCIAL, DEMOCRÁTICO, de DERECHO. De forma redundante ha repetido que LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO ESPAÑOL. Ha proclamado la INDISOLUBILIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA. Y ha definido algunos de los símbolos del Estado: la LENGUA OFICIAL y la BANDERA.

Pero, en mi opinión, le han quedado algunas cosas importantes por decir,  y que son imprescindibles en una constitución que pretenda ser duradera. Por ejemplo:

Le ha faltado hablar de nuestro PATRIMONIO GENERACIONAL INDIVISIBLE, legado de forma solidaria e indisoluble al pueblo español por múltiples generaciones de antepasados, como una razón importante y motivadora de nuestra indisoluble unión.

Le ha faltado añadir un par de símbolos más en los que el pueblo español quiere verse representado: su HIMNO y su JEFE DEL ESTADO.

Y le ha faltado explicar que es lo que va a ocurrirle inevitablemente a cualquiera que manifieste enfrentamiento, falta de respeto, u oposición con los principios y valores que consagra la constitución: con el estado de derecho, con la práctica democrática, con el pueblo español, con su soberanía, con la indisolubilidad del estado, con la libertad, con la justicia, con la igualdad, y con cualquiera de los símbolos del Estado. Le ha faltado sancionar que cualquier acto de este tipo será considerado como delito de traición y que el culpable va a ser castigado con la pérdida de la nacionalidad y el resto de los derechos de un ciudadano español y con la extradicción a algún país con el que se firme el oportuno convenio.

Todas esas pequeñas, pero vitales, determinaciones le faltan a nuestra constitución, y bien que se ha notado su falta en todos estos años. Con estas determinaciones, es posible que Artur Más u Oriol Junqueras pudieran haber llegado a ser personajes conocidos en la actualidad, lo que es más difícil de imaginar es que esa fama la hubiesen logrado por constituirse en líderes del independentismo catalán.

En mi opinión también le sobran varias cosas a este título preliminar para darlo por válido y suficiente para servir por sí solo como una auténtica constitución. También, en todos estos años, algunas de ellas se han dejado notar como especialmente molestas e inoportunas. Por ejemplo:

¿A cuento de qué viene decir en el artículo 2 de la constitución española que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran? ¿Y por qué no de los pueblos, de las provincias, que al menos éstos existían jurídicamente en el momento de redactar la constitución? ¿Por qué no también se reconoce el derecho a la autonomía de los ríos y de los montes, que también existen y se merecen respeto? ¿No es la constitución española lo que se está escribiendo?¿A qué viene quitarle el protagonismo que le corresponde totalmente a la nación en estos momento y hablar de algo tan secundario como las autonomías, que no van a ser otra cosa en el futuro que una organización administrativa?¿Por qué darle ese protagonismo político a unos entes aún inexistentes que los ciudadanos de aquel tiempo no llegaron ni a imaginar a qué se referían con ello? Esa mención a las autonomías es una capitulación bochornosa que a unos ciudadanos ignorantes nos colaron de matute en aquella constitución, y que ahora, deberíamos hacer desaparecer de ella cuánto antes mejor.

Igualmente sobran de la constitución las citas en las que se da el rango de lenguas oficiales a las lenguas regionales, y las que reconocen como banderas oficiales en sus respectivos territorios a las banderas autonómicas. España es un sólo Estado, y en un Estado sólo hay una lengua oficial. A nivel no oficial se podrán hablar todas las lenguas que se quiera, libremente, desde el chino al latín, pero, lengua oficial, para uso en actos o servicios oficiales y como vehículo en la enseñanza, sólo puede haber una. Y bien clara ha sido la cantidad de problemas que nos ha traído esta simpática concesión. Y con el tema de la bandera igual: un estado, una bandera. Un Estado un himno. Un Estado un Jefe de Estado. Lo demás fueron capitulaciones vergonzosas. Y ya es el momento de anularlas.

Sobra igualmente, por falta de enjundia, escribir dentro de la constitución un artículo 5 para indicar que la capital del estado es Madrid. Eso fuera de la constitución, en una ley orgánica que regule la administración territorial del Estado puede tener cabida, pero no en una constitución nacional. Es irrelevante.

Son igualmente irrelevantes y es inadecuado citar dentro de la constitución española ni a los partidos políticos, ni a los sindicatos, ni a las organizaciones empresariales, ni al ejército. Los protagonistas de la constitución son el pueblo y el gran proyecto común de esta unidad de destino en convivencia democrática basada en valores como la libertad, la justicia y el pluralismo político. Todo lo demás debe quedar fuera de la constitución. Habrá leyes orgánicas que traten de todos estos temas. Serán leyes importantes, pero no tan importantes como para estar presentes dentro de la constitución. En la constitución sólo cabe lo esencial. Lo puro. Cuantas menos cosas se incluyan en la constitución más larga vida se le asegura. Por el contrario cuántos más artículo y títulos le añadamos, más oportunidades estamos teniendo para meter la pata y que en breve tiempo nos demos cuenta de que nuestra constitución es un follón de artículos que no conocemos nadie y que al conocerlos nos escandalizamos y quisiéramos cambiarlos. Y eso nos lleva a vivir en un permanente descontento, porque no es fácil cambiar una constitución. Y si un pueblo no conoce su constitución, porque es una enciclopedia, ese pueblo no puede sentirse identificado con su constitución y sentirse orgulloso de ella, hasta el punto de dar por ella su propia vida, que es lo que se debe esperar de una constitución que valga la pena.

No hay un pueblo más admirable que el de las abejas. En este pueblo los individuos viven para la colmena. Todo está dispuesto para asegurar el destino de la colmena. Hay como un código no escrito que le da a cada individuo su lugar en el proyecto social de la colonia. El premio nobel Mauricio Meterling llamó a este código no escrito "el espíritu de la colmena". Hoy ya se sabe que ese código que mantiene unida la colmena es un mensaje que emite la reina por medio de una feromona, cuyo olor impregna todo su habitat y mantiene unidos e informados a cada uno de sus individuos. Pero ese código químico, tan sencillo de entender que se comunica con un simple olor, es tan fuerte y motivador que cualquier componente de la colmena deja su vida por defenderlo. Los humanos no tenemos escrito en nuestro código genético esa identificación y lealtad con nuestro pueblo, por eso necesitamos escribir una constitución que nos oriente y nos marque el camino de identificación y compromiso con nuestro grupo social. Escribamos pues un código sencillo, un bello código, un código que entendamos todos y  del que nos enorgullezcamos, que respetemos y que nos haga respetables.

El haka no es una simple coreografía de un equipo de rugby para impresionar a sus contrarios. Es un código primitivo con el que se identifica el pueblo neozelandes de forma sublime